En algún lugar democráticamente idealizado, en el
renglón que consagra la esencia nacional se le confiere la soberanía al pueblo,
que con este atributo adquiere también, el derecho a demandar el cabal
cumplimiento de su voluntad…
La
teoría es realmente impecable: la existencia del estado se fundamenta en la decisión
popular para elegir a sus representantes quienes se comprometen, bajo protesta,
a “desempeñar leal y patrióticamente el
cargo que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y la
prosperidad de la Unión”; en este ritual oficial, el énfasis discursivo siempre recae que en la última frase: “y si
así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.
Pero
en la práctica, los representantes del pueblo, una vez electos, ya no “miran”
por el bien y la prosperidad de la ciudadanía que los eligió y el énfasis de su
mandato recae en la elaboración de los obstáculos que habrán de impedir que la
sociedad les demande el cabal desempeño de su mandato. Desde la clase
gobernante se erige y se instituye el límite que la distingue y la separa de
los gobernados; es una barrera sutil pero contundente, excluyente y repelente,
porque a partir de ese punto, la soberanía, como atributo indeleble del pueblo,
se evapora entre los mil y un artículos en cientos de leyes y reglamentos que
nadie guarda ni hace guardar.
Los
ejemplos siempre son lamentables e insufribles. El más reciente es la feroz
defensa de los intereses de la empresa Constellation Brands que ha emprendido
el estado de Baja California ignorando el reclamo de los agricultores del Valle
de Mexicali; aplicaron la fuerza pública para romper el bloqueo de los
ciudadanos que protestaban contra la instalación y el funcionamiento de una
cervecera que promete empleos a cambio de dilapidar el agua, en un obvio
atentado contra el bien y la prosperidad de los ejidatarios.
Además
y por todos los medios, se ha intentado desacreditar a la resistencia civil
mexicalense: se le reconoce el derecho a manifestarse pero se les tilda de
mentirosos; algunos aventurados ubican el origen de la protesta en las negras
intenciones de algún personaje siniestro, perverso pero innombrable; los
lisonjeros festejan el proyecto de la cervecera por los detalles
estéticos y la sustentabilidad; se ha propagado el rumor de que deberá pagarse una suma estrafalaria como indemnización a la
cervecera y, en un vulgar madruguete, se le atribuyó un carácter federal a la
vereda que conduce al terreno de la cervecera para tipificar el bloqueo ciudadano como un ataque a las vías
generales de comunicación violentado el amparo definitivo otorgado por un juez
federal en la víspera de la visita del presidente Peña al Valle de Mexicali.
Y
así, surgirán más y más artificios para obstaculizar, demeritar y satanizar el
rechazo de los ciudadanos a la operación de la cervecera, para justificar un
convenio de inversión que beneficia a unos pocos y amenaza a muchos. El conflicto
exhibe la benevolencia del estado con la iniciativa privada, revela que “el
bienestar y la prosperidad de la Nación” equivalen a las ganancias de un selecto
grupo de sátrapas que en el paroxismo de sus privilegios ha olvidado que el
límite que separa al gobierno de la ciudadanía no es infranqueable. La clase
gobernante tiene el poder de decidir porque ese poder se lo confirió el pueblo
y en estas circunstancias, el pueblo debe hacer valer su soberanía,
solidarizarse con los ejidatarios para ejercer el derecho a demandar el cabal
cumplimiento de su voluntad, resistir y exigir que el estado, como su
mandatario, defienda sus intereses.
Fuentes
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