La impunidad como adjetivo

En algún lugar del régimen, sobre el perímetro que condensa las atribuciones del poder, existe una atmósfera repelente que excluye cualquier atisbo de la realidad; por eso, dentro de la burbuja presidencial, los motivos más contundentes en la toma de decisiones, son la comunión de intereses y el apoyo incondicional…

Los adjetivos que califican y describen a un régimen suelen asignarse en función de las acciones gubernamentales emprendidas, de sus resultados y de los ajustes y reacciones correctivas. En esa lógica, la actuación de Felipe Calderón como mandatario podría describirse como la institucionalización de un compacto círculo de amistades incondicionales, como la oficialización de la impunidad.

A cien días del Acuerdo Nacional para la Seguridad, el único resultado obvio es la desesperanza generalmente compartida: los reclamos públicos de Fernando Martí, Nelson Vargas e Isabel Miranda de Wallace, son la ínfima proporción de todos los secuestros que se cometen en el país; los tres padres de familia, como valerosos denunciantes, conforman un porcentaje microscópico de todos los ciudadanos afectados y las familias ultrajadas por el secuestro.

Existen más de mil familias en el quebranto moral por las aborrecibles consecuencias del secuestro, pero esa inmensa mayoría no dispone de los recursos para denunciar públicamente la negligencia de las autoridades. Y aún peor, los tres niveles de gobierno aluden a la denuncia ciudadana como el mecanismo para reducir la criminalidad, pero evaden la cifra negra, ese doloroso porcentaje de los casos no denunciados por la desconfianza en las corporaciones policiacas.

Entre los resultados presentados por el gobierno federal, sobresalen las detenciones de líderes de los cárteles del narcotráfico, desviando deliberadamente la atención hacia esta manifestación de la criminalidad, a la que se han adjudicado todas las culpas y el móvil de todos los delitos.

Pero el índice oficial de la eficiencia en la lucha contra la delincuencia excluye las evidencias de corrupción que involucran a los colaboradores de Felipe Calderón, amigos e incondicionales, como Juan Camilo Mouriño, el fallecido Secretario de Gobernación, y Genaro García Luna, actual Secretario de Seguridad Pública.

Fernando Martí fue contundente cuando lanzó el dilema: o cumplen o renuncian; Nelson Vargas exhibió la podredumbre en las instancias encargadas de la investigación de los delitos; Isabel Miranda de Wallace indicó que “México Unido Contra la Delincuencia” -organismo infiltrado y cooptado por el propio Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública- monopoliza la información sobre los casos de inseguridad en el país.

Las denuncias, ciudadanas y públicas, terminarán en el cajón de los olvidos, como las cartas de Javier Herrera Valles, ex comisionado de la Policía Federal Preventiva que señaló las anomalías en la Secretaría de Seguridad Pública, ahora sujeto a arraigo.

Es evidente que el criterio rector en el calderonismo es el apoyo incondicional a los incondicionales y que la impunidad es el único adjetivo para describir lo indescriptible; es obvia la existencia de esa atmósfera que repele y excluye cualquier atisbo de la realidad, porque en esa burbuja presidencial, la justicia y la paz social se postergan por la comunión de intereses y el apoyo incondicional…

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Mensaje de luces y sombras

En algún lugar del desamparo, en una tarde impregnada de silencios, surgió una luz multitudinaria iluminando el sufrimiento y la vulnerabilidad de un país en duelo…

La marcha “Iluminemos a México” realizada el sábado 30 de agosto en la capital y en muchas ciudades del país fue la manifestación, contundente y tangible, del clamor social de los mexicanos; las multitudes que caminaron exigiendo mayor seguridad establecieron el parámetro de la magnitud del sector victimizado por la delincuencia.

En el imperio de la imagen, instaurado por un régimen mediatizado, la realidad trascendió los límites de las versiones oficiales y proyectó al mundo entero la extensa luz blanca que emanaba de corazones afligidos y que inundó el zócalo capitalino.

Las marchas ciudadanas por la seguridad exhibieron la ineficiencia del régimen y la corrupción en las instituciones encargadas de la procuración de justicia, pero sobre todo, establecieron el punto más débil del gobierno calderonista.

En la víspera de la marcha, en Baja California, 61 organismos no gubernamentales, consejos ciudadanos, cámaras empresariales, barras de abogados y la Arquidiócesis de Tijuana, firmaron un desplegado en el que exigieron a las autoridades el cabal cumplimiento de sus obligaciones y señalaron a las autoridades como corresponsables del clima de inseguridad por su incapacidad, por miedo o franca complicidad.

Las consecuencias de la movilización social serán exitosas en la medida en que no se diluya la frontera entre las autoridades y la ciudadanía, porque la capacidad de denuncia se extingue cuando los protagonismos y las infiltraciones gubernamentales prostituyen una causa social.

El riesgo latente es la adjudicación de la vulnerabilidad social como bandera política: las fracciones políticas en la oposición ya se aprestan para transformar los índices delictivos en síntomas de ingobernabilidad e inestabilidad.

Desde el inframundo político han surgido llamados a la insurrección, propuestas para no pagar los impuestos al gobierno federal por el incumplimiento de las funciones primigenias, la suspensión del mandato constitucional de Felipe Calderón. Los priístas se distancian del calderonismo, se redefinen e intentan reunificarse con la reaparición estelar de Carlos Salinas. Y recientemente, se atribuyeron al narcotráfico las denuncias públicas de la corrupción en el ejército y el gobierno federal que exhibieron la complicidad con capos del narcotráfico, a quienes protegen.

La percepción generalizada de vulnerabilidad, la impotencia social ante la impunidad y la corrupción de las autoridades inciden en el desencanto de la ciudadanía, provocado por un cambio que nunca llegó. Y como el voto es el único instrumento que la democracia otorga a la ciudadanía para ejercer la soberanía, la decepción social se ha expresado, y se expresará, en altos índices de abstencionismo.

La apatía por la política sólo es comparable a la sinergia que surgió entre las víctimas de la violencia y del crimen: ahí reside la importancia de la marcha por la seguridad. Hoy por hoy, el poder de convocatoria de las víctimas de la violencia es superior a cualquier otra causa; por eso, el reclamo social que iluminó las penumbras que nacen en la impunidad y la corrupción debe mantener su esencia ciudadana.

No hay consulta, ni referéndum, ningún plebiscito, ni comicios electorales que hayan logrado expresar la voluntad social como lo han hecho las marchas ciudadanas contra la inseguridad. El mensaje fue contundente: escrito con las luces de la valentía sobre las sombras del dolor y al margen de la política, confrontando a las autoridades y al régimen… porque en una tarde impregnada de silencios, surgió una luz multitudinaria iluminando el desamparo y la vulnerabilidad de un país en duelo…