En algún lugar maravilloso donde no existe la miseria, en uno de los reinos de la fantasía habitados por seres felices que son inmunes al flagelo de la ignorancia, se celebra el majestuoso baile oficial, y en esa festiva ocasión, todas las cifras adquieren la cualidad excepcional de disipar las penurias…
La incursión de la política en la comunicación masiva obedece a las estrategias de la propaganda, cuyo fin es modificar la percepción del electorado con mensajes incesantes, insistentes e inocuos. Por lo general, las estrategias mediáticas dirigidas por empresas especializadas en la imagen y en la opinión pública son exitosas; la excepción que confirma la regla son las campañas de difusión de las acciones de los gobiernos panistas. Así lo demuestran: el manejo inconsistente de la información, el mensaje que se transmite entre las líneas de discursos iracundos y dolosos de Felipe Calderón, más las desafortunadas declaraciones de altos funcionarios del régimen.
Recientemente, en una espectacular exhibición del cinismo oficial, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, embriagado de optimismo por el anuncio del crecimiento del 5.5% en el Producto Interno Bruto, declaró que la cifra mágica del sexenio son los 6,000 pesos porque “hay familias mexicanas que con esos ingresos al mes tienen crédito para una vivienda, tienen crédito para un coche, se dan tiempo de mandar a sus hijos a una escuela privada y están pagando las colegiaturas”.
Esta tendencia de equiparar la eficiencia con cifras y porcentajes maliciosamente ponderados caracteriza a los regímenes panistas, cuya prioridad es administrar porque no gobiernan. Las cifras que se divulgan son frías y esquivas, suben y bajan en un devaneo de la comunicación que distorsiona la realidad.
La aplicación más reciente y fulgurante de esta tendencia de los números estuvo a cargo del fiscal de la zona norte en Ciudad Juárez, Jorge González Nicolás, quien informó que en el caso de la desaparición y asesinato de Elías Reyes Salazar, Magdalena Reyes Salazar y Luisa Órnelas Soto se llevaron a cabo 14 operativos para su localización, que se utilizaron 8 perros olfateadores de la unidad canina (grupo K-9), que las investigaciones estuvieron a cargo de 60 elementos de la Policía Estatal Investigadora, que los rastreos se reforzaron con 6 Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, que se entrevistaron a 38 personas, se declararon ministerialmente a 16, se visitaron más de 30 viviendas y ranchos, y se revisaron más de 60 vehículos. Pero una vez más, la sumatoria de estas cifras fantásticas fue un rotundo fracaso.
Porque aquí, en Calderolandia, la realidad tiene dos versiones fatales. Y desde la perspectiva del poder, México es un país de fantasía habitado por seres felices incapaces de razonar pero que son inmunes al flagelo de la violencia, la miseria y la ignorancia, y por eso, frecuentemente todas las cifras adquieren la cualidad excepcional de disipar las penurias…
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domingo, febrero 27, 2011
domingo, noviembre 09, 2008
Síndrome de Fragilidad Compartida
En algún lugar del quebranto, cuando la vulnerabilidad es un síntoma socializado, la indefensión se expande como una epidemia incontenible, porque la salud y la integridad, la vida y la muerte dependen del talante de un delincuente…
Baja California, enfáticamente la ciudad de Tijuana, padece los estragos de la violencia en todas sus manifestaciones; las autoridades justifican el incremento de los delitos del orden común por la adicción a las drogas y adjudica todos los delitos de alto impacto a las redes del narcotráfico. Pero las generalizaciones suelen ser ociosas y la gama insufrible del delito aún no admite exclusividades; la delincuencia surge en todos los ámbitos y estratos sociales.
En Tijuana, los médicos padecen la victimización consuetudinaria de la delincuencia organizada y han sufrido el secuestro en todas sus variantes y modalidades. El secuestro es ese virus que pulula en esta época, que se reproduce y se expande sin control y flagela a la ciudadanía sin esperanzas de un pronto alivio.
El diagnóstico inicial determina que la entidad bajacaliforniana presenta el síndrome de fragilidad compartida y un agudo deterioro en la salud pública en cuestiones de confianza en las instituciones.
Dicen los que saben, que la desconfianza respecto al poder es una actitud socialmente compartida, que la sospecha generalizada surge por las demostraciones, constantes y contundentes, de la intrínseca corrupción para perpetuar el dominio, y que por eso, la actuación de las autoridades provoca recelo y escepticismos.
Y si la desconfianza social surge por acciones desmedidas, injustificadas o escabrosas; luego entonces: la pasividad, la omisión, la impunidad, el silencio, o la impericia de las autoridades provocan un malestar que lesiona gravemente al inconsciente colectivo.
La imagen del dolor, concentrada en la figura de los médicos, se expone en la carta abierta fechada el viernes 7 de noviembre de este año y dirigida al presidente Felipe Calderón Hinojosa por los integrantes del Consejo Médico Ciudadano, encabezado por José Manuel de Jesús Ortiz Ampudia, en la que denuncian “un vacío de poder en el estado de Baja California”, generado por la escalada de delitos de máxima gravedad y alto costo social.
En la misiva, los médicos le hacen notar al mandatario que en los 311 días que van de este año, 580 personas han sido asesinadas, lo que corrobora la existencia de “un estado de sitio delincuencial ante la incapacidad de las autoridades estatales y federales para reaccionar, frenar y atender la prevención de este tipo de delitos”.
Ese viernes, los médicos de Tijuana trabajaron bajo protesta por el reciente secuestro de uno de sus colegas y se manifestaron en las afueras del Centro de Gobierno. Consternado por la fragilidad compartida de los médicos, el destino les envió una providencial coincidencia y en un encuentro fortuito con el gobernador José Guadalupe Osuna Millán los médicos exigieron resultados, reclamaron la seguridad y protección que el estado está obligado a proporcionar a todos los ciudadanos, y anunciaron que el lunes 10 de noviembre se inscribirá en las crónicas tijuanenses como “Un día sin médicos”.
Por lo tanto: todos debemos mantener la calma y cuidar la salud, porque la estrategia para el combate al crimen organizado que se aplica en Baja California, se diseña en, y desde, el gobierno federal. Y en estos momentos, todo el poder ejecutivo está inmerso en el duelo por la pérdida del secretario de Gobernación, cuyo fallecimiento desquicia no sólo al presidente, sino que trastorna y posterga los resultados del Acuerdo Nacional de Seguridad, firmado el 21 de agosto en Palacio Nacional, cuyos avances deberían presentarse en los primeros cien días. Otra lamentable contingencia: las reformas y compromisos de justicia y legalidad deberán readecuarse por el deceso de Santiago Vasconcelos, el primer zar anti-drogas de México.
Y aún existe un riesgo mayor: todos los síntomas de la indefensión socialmente compartida pueden agravarse ante la posibilidad de un atentado que exhiba la vulnerabilidad de la impenetrable burbuja del poder. Ahora, más que nunca, el imperativo de justicia adquiere rasgos de una reivindicación política, social, humana y moral.
Pero mientras el ejecutivo y las huestes panistas se desgarran las vestiduras en homenajes y ceremonias luctuosas, la delincuencia sigue ejerciendo el dominio en la plaza bajacaliforniana. Y la sucursal del calderonismo en Tijuana se mantendrá a la expectativa hasta que el ejecutivo federal tenga a bien girar las instrucciones que estime convenientes.
Lo recomendable en épocas de desconsuelo es abrigarse con una coraza blindada, evitar las exposiciones prolongadas de la prosperidad y encomendarse al ángel de su guarda, porque todas las circunstancias indican que la estrategia federal no será inmediata, y que el hartazgo de los médicos es tan sólo una pequeña muestra de la indefensión que se expande como una epidemia incontenible, porque la inseguridad enferma más a los cachanillas que el estrés y la contaminación… y porque la salud y la integridad, la vida y la muerte ya no dependen ni de Dios, ni de la ciencia, ni de la justicia, sino del talante de un delincuente…
Baja California, enfáticamente la ciudad de Tijuana, padece los estragos de la violencia en todas sus manifestaciones; las autoridades justifican el incremento de los delitos del orden común por la adicción a las drogas y adjudica todos los delitos de alto impacto a las redes del narcotráfico. Pero las generalizaciones suelen ser ociosas y la gama insufrible del delito aún no admite exclusividades; la delincuencia surge en todos los ámbitos y estratos sociales.
En Tijuana, los médicos padecen la victimización consuetudinaria de la delincuencia organizada y han sufrido el secuestro en todas sus variantes y modalidades. El secuestro es ese virus que pulula en esta época, que se reproduce y se expande sin control y flagela a la ciudadanía sin esperanzas de un pronto alivio.
El diagnóstico inicial determina que la entidad bajacaliforniana presenta el síndrome de fragilidad compartida y un agudo deterioro en la salud pública en cuestiones de confianza en las instituciones.
Dicen los que saben, que la desconfianza respecto al poder es una actitud socialmente compartida, que la sospecha generalizada surge por las demostraciones, constantes y contundentes, de la intrínseca corrupción para perpetuar el dominio, y que por eso, la actuación de las autoridades provoca recelo y escepticismos.
Y si la desconfianza social surge por acciones desmedidas, injustificadas o escabrosas; luego entonces: la pasividad, la omisión, la impunidad, el silencio, o la impericia de las autoridades provocan un malestar que lesiona gravemente al inconsciente colectivo.
La imagen del dolor, concentrada en la figura de los médicos, se expone en la carta abierta fechada el viernes 7 de noviembre de este año y dirigida al presidente Felipe Calderón Hinojosa por los integrantes del Consejo Médico Ciudadano, encabezado por José Manuel de Jesús Ortiz Ampudia, en la que denuncian “un vacío de poder en el estado de Baja California”, generado por la escalada de delitos de máxima gravedad y alto costo social.
En la misiva, los médicos le hacen notar al mandatario que en los 311 días que van de este año, 580 personas han sido asesinadas, lo que corrobora la existencia de “un estado de sitio delincuencial ante la incapacidad de las autoridades estatales y federales para reaccionar, frenar y atender la prevención de este tipo de delitos”.
Ese viernes, los médicos de Tijuana trabajaron bajo protesta por el reciente secuestro de uno de sus colegas y se manifestaron en las afueras del Centro de Gobierno. Consternado por la fragilidad compartida de los médicos, el destino les envió una providencial coincidencia y en un encuentro fortuito con el gobernador José Guadalupe Osuna Millán los médicos exigieron resultados, reclamaron la seguridad y protección que el estado está obligado a proporcionar a todos los ciudadanos, y anunciaron que el lunes 10 de noviembre se inscribirá en las crónicas tijuanenses como “Un día sin médicos”.
Por lo tanto: todos debemos mantener la calma y cuidar la salud, porque la estrategia para el combate al crimen organizado que se aplica en Baja California, se diseña en, y desde, el gobierno federal. Y en estos momentos, todo el poder ejecutivo está inmerso en el duelo por la pérdida del secretario de Gobernación, cuyo fallecimiento desquicia no sólo al presidente, sino que trastorna y posterga los resultados del Acuerdo Nacional de Seguridad, firmado el 21 de agosto en Palacio Nacional, cuyos avances deberían presentarse en los primeros cien días. Otra lamentable contingencia: las reformas y compromisos de justicia y legalidad deberán readecuarse por el deceso de Santiago Vasconcelos, el primer zar anti-drogas de México.
Y aún existe un riesgo mayor: todos los síntomas de la indefensión socialmente compartida pueden agravarse ante la posibilidad de un atentado que exhiba la vulnerabilidad de la impenetrable burbuja del poder. Ahora, más que nunca, el imperativo de justicia adquiere rasgos de una reivindicación política, social, humana y moral.
Pero mientras el ejecutivo y las huestes panistas se desgarran las vestiduras en homenajes y ceremonias luctuosas, la delincuencia sigue ejerciendo el dominio en la plaza bajacaliforniana. Y la sucursal del calderonismo en Tijuana se mantendrá a la expectativa hasta que el ejecutivo federal tenga a bien girar las instrucciones que estime convenientes.
Lo recomendable en épocas de desconsuelo es abrigarse con una coraza blindada, evitar las exposiciones prolongadas de la prosperidad y encomendarse al ángel de su guarda, porque todas las circunstancias indican que la estrategia federal no será inmediata, y que el hartazgo de los médicos es tan sólo una pequeña muestra de la indefensión que se expande como una epidemia incontenible, porque la inseguridad enferma más a los cachanillas que el estrés y la contaminación… y porque la salud y la integridad, la vida y la muerte ya no dependen ni de Dios, ni de la ciencia, ni de la justicia, sino del talante de un delincuente…
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domingo, agosto 31, 2008
Mensaje de luces y sombras
En algún lugar del desamparo, en una tarde impregnada de silencios, surgió una luz multitudinaria iluminando el sufrimiento y la vulnerabilidad de un país en duelo…
La marcha “Iluminemos a México” realizada el sábado 30 de agosto en la capital y en muchas ciudades del país fue la manifestación, contundente y tangible, del clamor social de los mexicanos; las multitudes que caminaron exigiendo mayor seguridad establecieron el parámetro de la magnitud del sector victimizado por la delincuencia.
En el imperio de la imagen, instaurado por un régimen mediatizado, la realidad trascendió los límites de las versiones oficiales y proyectó al mundo entero la extensa luz blanca que emanaba de corazones afligidos y que inundó el zócalo capitalino.
Las marchas ciudadanas por la seguridad exhibieron la ineficiencia del régimen y la corrupción en las instituciones encargadas de la procuración de justicia, pero sobre todo, establecieron el punto más débil del gobierno calderonista.
En la víspera de la marcha, en Baja California, 61 organismos no gubernamentales, consejos ciudadanos, cámaras empresariales, barras de abogados y la Arquidiócesis de Tijuana, firmaron un desplegado en el que exigieron a las autoridades el cabal cumplimiento de sus obligaciones y señalaron a las autoridades como corresponsables del clima de inseguridad por su incapacidad, por miedo o franca complicidad.
Las consecuencias de la movilización social serán exitosas en la medida en que no se diluya la frontera entre las autoridades y la ciudadanía, porque la capacidad de denuncia se extingue cuando los protagonismos y las infiltraciones gubernamentales prostituyen una causa social.
El riesgo latente es la adjudicación de la vulnerabilidad social como bandera política: las fracciones políticas en la oposición ya se aprestan para transformar los índices delictivos en síntomas de ingobernabilidad e inestabilidad.
Desde el inframundo político han surgido llamados a la insurrección, propuestas para no pagar los impuestos al gobierno federal por el incumplimiento de las funciones primigenias, la suspensión del mandato constitucional de Felipe Calderón. Los priístas se distancian del calderonismo, se redefinen e intentan reunificarse con la reaparición estelar de Carlos Salinas. Y recientemente, se atribuyeron al narcotráfico las denuncias públicas de la corrupción en el ejército y el gobierno federal que exhibieron la complicidad con capos del narcotráfico, a quienes protegen.
La percepción generalizada de vulnerabilidad, la impotencia social ante la impunidad y la corrupción de las autoridades inciden en el desencanto de la ciudadanía, provocado por un cambio que nunca llegó. Y como el voto es el único instrumento que la democracia otorga a la ciudadanía para ejercer la soberanía, la decepción social se ha expresado, y se expresará, en altos índices de abstencionismo.
La apatía por la política sólo es comparable a la sinergia que surgió entre las víctimas de la violencia y del crimen: ahí reside la importancia de la marcha por la seguridad. Hoy por hoy, el poder de convocatoria de las víctimas de la violencia es superior a cualquier otra causa; por eso, el reclamo social que iluminó las penumbras que nacen en la impunidad y la corrupción debe mantener su esencia ciudadana.
No hay consulta, ni referéndum, ningún plebiscito, ni comicios electorales que hayan logrado expresar la voluntad social como lo han hecho las marchas ciudadanas contra la inseguridad. El mensaje fue contundente: escrito con las luces de la valentía sobre las sombras del dolor y al margen de la política, confrontando a las autoridades y al régimen… porque en una tarde impregnada de silencios, surgió una luz multitudinaria iluminando el desamparo y la vulnerabilidad de un país en duelo…
La marcha “Iluminemos a México” realizada el sábado 30 de agosto en la capital y en muchas ciudades del país fue la manifestación, contundente y tangible, del clamor social de los mexicanos; las multitudes que caminaron exigiendo mayor seguridad establecieron el parámetro de la magnitud del sector victimizado por la delincuencia.
En el imperio de la imagen, instaurado por un régimen mediatizado, la realidad trascendió los límites de las versiones oficiales y proyectó al mundo entero la extensa luz blanca que emanaba de corazones afligidos y que inundó el zócalo capitalino.
Las marchas ciudadanas por la seguridad exhibieron la ineficiencia del régimen y la corrupción en las instituciones encargadas de la procuración de justicia, pero sobre todo, establecieron el punto más débil del gobierno calderonista.
En la víspera de la marcha, en Baja California, 61 organismos no gubernamentales, consejos ciudadanos, cámaras empresariales, barras de abogados y la Arquidiócesis de Tijuana, firmaron un desplegado en el que exigieron a las autoridades el cabal cumplimiento de sus obligaciones y señalaron a las autoridades como corresponsables del clima de inseguridad por su incapacidad, por miedo o franca complicidad.
Las consecuencias de la movilización social serán exitosas en la medida en que no se diluya la frontera entre las autoridades y la ciudadanía, porque la capacidad de denuncia se extingue cuando los protagonismos y las infiltraciones gubernamentales prostituyen una causa social.
El riesgo latente es la adjudicación de la vulnerabilidad social como bandera política: las fracciones políticas en la oposición ya se aprestan para transformar los índices delictivos en síntomas de ingobernabilidad e inestabilidad.
Desde el inframundo político han surgido llamados a la insurrección, propuestas para no pagar los impuestos al gobierno federal por el incumplimiento de las funciones primigenias, la suspensión del mandato constitucional de Felipe Calderón. Los priístas se distancian del calderonismo, se redefinen e intentan reunificarse con la reaparición estelar de Carlos Salinas. Y recientemente, se atribuyeron al narcotráfico las denuncias públicas de la corrupción en el ejército y el gobierno federal que exhibieron la complicidad con capos del narcotráfico, a quienes protegen.
La percepción generalizada de vulnerabilidad, la impotencia social ante la impunidad y la corrupción de las autoridades inciden en el desencanto de la ciudadanía, provocado por un cambio que nunca llegó. Y como el voto es el único instrumento que la democracia otorga a la ciudadanía para ejercer la soberanía, la decepción social se ha expresado, y se expresará, en altos índices de abstencionismo.
La apatía por la política sólo es comparable a la sinergia que surgió entre las víctimas de la violencia y del crimen: ahí reside la importancia de la marcha por la seguridad. Hoy por hoy, el poder de convocatoria de las víctimas de la violencia es superior a cualquier otra causa; por eso, el reclamo social que iluminó las penumbras que nacen en la impunidad y la corrupción debe mantener su esencia ciudadana.
No hay consulta, ni referéndum, ningún plebiscito, ni comicios electorales que hayan logrado expresar la voluntad social como lo han hecho las marchas ciudadanas contra la inseguridad. El mensaje fue contundente: escrito con las luces de la valentía sobre las sombras del dolor y al margen de la política, confrontando a las autoridades y al régimen… porque en una tarde impregnada de silencios, surgió una luz multitudinaria iluminando el desamparo y la vulnerabilidad de un país en duelo…
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domingo, agosto 10, 2008
Compás de espera
En algún lugar sobre la línea perpetua del tiempo, entre los hitos de la historia, transcurren lapsos fortuitos y sinuosos, claroscuros de esperanzas y decepciones; y esas prórrogas vacilantes sólo se disipan con la llegada de los visionarios…
Dicen los que saben, que los estadistas pertenecen al rango más elevado de la política porque anteponen los intereses de la nación a los personales, que tienen la capacidad para realizar los cambios que convengan y beneficien al país, que por eso, son muy pocos los políticos que han alcanzado la categoría de estadistas, y que el último de los estadistas mexicanos abandonó el escenario político en los años ochenta del siglo pasado.
La prioridad de un estadista es el lograr el desarrollo de la nación, su visión se enfoca en la transformación de la sociedad y de las instituciones, y conduce al estado hacia la funcionalidad integral: administrativa, legislativa y jurídica. Un verdadero estadista no tiene ataduras con grupos, sectores o intereses, y sus decisiones reflejan inteligencia, sensatez y compromiso.
Por todo eso, los estadistas escasean en la historia nacional; son personajes que surgen esporádicamente, y por los avatares del destino, aparecen en épocas de crisis y la influencia de su pensamiento incide en los grandes cambios sociales, aún mucho tiempo después de su intervención en la arena política.
Sí!... México está inmerso en una parsimoniosa prórroga de indefiniciones; transcurre ese compás de espera que suele caracterizarse por la ausencia de un verdadero estadista en la política nacional. Así lo confirman las recientes decisiones en el ejecutivo.
El grotesco desenlace del secuestro del joven Fernando Martí que consternó a la opinión pública, también provocó en Felipe Calderón una reacción visceral, irreflexiva, demagógica: el presidente envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una propuesta para elevar a cadena perpetua el delito de secuestro, extrapolando al ámbito nacional una tragedia en particular.
La reacción del mandatario a este crimen reveló cómo influyen las cuestiones personales en las decisiones oficiales, al grado de incurrir en la incongruencia: ahora, Felipe Calderón propone cadena perpetua contra policías secuestradores, cuando hace apenas unos meses firmó dos protocolos internacionales contra las penas mayores.
El flagelo de la delincuencia organizada vulnera a toda la ciudadanía, la industria del secuestro y la extorsión se expande a todos los niveles socioeconómicos; todos los secuestros son condenables, y en todos los casos se producen daños irreversibles, por eso, es lamentable que la indignación del mandatario surja exclusivamente ante un agravio a la cúpula empresarial. Un presidente debe velar por la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos, sin distinciones. Un verdadero estadista no exhibe su cercanía con un grupo o sector, y decide en virtud de un proceso inteligente y concienzudo.
La inseguridad cunde como una epidemia y nadie se encuentra a salvo. El miedo se generaliza y se esparcen las cifras negras de la vergüenza: de cinco secuestros, solamente uno es denunciado. En el 2008 se han registrado oficialmente 438 secuestros, pero se estima que realmente han ocurrido casi dos mil en todo el país. Además, la vulnerabilidad social se acentúa porque únicamente el 0.7% de estos casos son sentenciados. La derrota ante la criminalidad se produjo en todos los frentes de la lucha y mucho antes de abrir la cajuela donde encontraron el cadáver de Fernando Martí.
No!... aún no se vislumbra el surgimiento de un estadista en el país y todos los pronósticos son aventurados. Pero en los periodos de indefiniciones, el único aliciente estriba en implantar la conciencia y la sensibilidad social en las generaciones venideras, porque entre los jóvenes de ahora surgirán los estadistas que habrán de guiarnos al final de este lapso fortuito y sinuoso, clarificando los claroscuros de esperanzas y decepciones, porque esta prórroga vacilante sólo se disipará con la llegada de los visionarios…
Dicen los que saben, que los estadistas pertenecen al rango más elevado de la política porque anteponen los intereses de la nación a los personales, que tienen la capacidad para realizar los cambios que convengan y beneficien al país, que por eso, son muy pocos los políticos que han alcanzado la categoría de estadistas, y que el último de los estadistas mexicanos abandonó el escenario político en los años ochenta del siglo pasado.
La prioridad de un estadista es el lograr el desarrollo de la nación, su visión se enfoca en la transformación de la sociedad y de las instituciones, y conduce al estado hacia la funcionalidad integral: administrativa, legislativa y jurídica. Un verdadero estadista no tiene ataduras con grupos, sectores o intereses, y sus decisiones reflejan inteligencia, sensatez y compromiso.
Por todo eso, los estadistas escasean en la historia nacional; son personajes que surgen esporádicamente, y por los avatares del destino, aparecen en épocas de crisis y la influencia de su pensamiento incide en los grandes cambios sociales, aún mucho tiempo después de su intervención en la arena política.
Sí!... México está inmerso en una parsimoniosa prórroga de indefiniciones; transcurre ese compás de espera que suele caracterizarse por la ausencia de un verdadero estadista en la política nacional. Así lo confirman las recientes decisiones en el ejecutivo.
El grotesco desenlace del secuestro del joven Fernando Martí que consternó a la opinión pública, también provocó en Felipe Calderón una reacción visceral, irreflexiva, demagógica: el presidente envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una propuesta para elevar a cadena perpetua el delito de secuestro, extrapolando al ámbito nacional una tragedia en particular.
La reacción del mandatario a este crimen reveló cómo influyen las cuestiones personales en las decisiones oficiales, al grado de incurrir en la incongruencia: ahora, Felipe Calderón propone cadena perpetua contra policías secuestradores, cuando hace apenas unos meses firmó dos protocolos internacionales contra las penas mayores.
El flagelo de la delincuencia organizada vulnera a toda la ciudadanía, la industria del secuestro y la extorsión se expande a todos los niveles socioeconómicos; todos los secuestros son condenables, y en todos los casos se producen daños irreversibles, por eso, es lamentable que la indignación del mandatario surja exclusivamente ante un agravio a la cúpula empresarial. Un presidente debe velar por la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos, sin distinciones. Un verdadero estadista no exhibe su cercanía con un grupo o sector, y decide en virtud de un proceso inteligente y concienzudo.
La inseguridad cunde como una epidemia y nadie se encuentra a salvo. El miedo se generaliza y se esparcen las cifras negras de la vergüenza: de cinco secuestros, solamente uno es denunciado. En el 2008 se han registrado oficialmente 438 secuestros, pero se estima que realmente han ocurrido casi dos mil en todo el país. Además, la vulnerabilidad social se acentúa porque únicamente el 0.7% de estos casos son sentenciados. La derrota ante la criminalidad se produjo en todos los frentes de la lucha y mucho antes de abrir la cajuela donde encontraron el cadáver de Fernando Martí.
No!... aún no se vislumbra el surgimiento de un estadista en el país y todos los pronósticos son aventurados. Pero en los periodos de indefiniciones, el único aliciente estriba en implantar la conciencia y la sensibilidad social en las generaciones venideras, porque entre los jóvenes de ahora surgirán los estadistas que habrán de guiarnos al final de este lapso fortuito y sinuoso, clarificando los claroscuros de esperanzas y decepciones, porque esta prórroga vacilante sólo se disipará con la llegada de los visionarios…
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