En algún lugar en
ciernes, en las páginas iniciales de todas las crónicas coinciden las expectativas y las buenas intenciones, por
eso, en los primeros días de todos los regímenes resurgen los ideales olvidados,
se renuevan las aspiraciones y se
reorientan los esfuerzos en torno al esquivo bien común…
En estos primeros días es posible detectar la tendencia en el régimen
de Enrique Peña Nieto por la reubicación del poder de la Federación en la
figura presidencial ante quien se someten los bastiones estatales. En la
versión neo priísta, el poder centralizado puede ser un factor de cohesión y negociación que dirija
los esfuerzos de todos los partidos hacia un fin común. Bajo este criterio, el primero
de los logros del nuevo presidencialismo institucionalizado es la conciliación
de intereses en la firma del Pacto por México que comprende cinco acuerdos,
desglosados en 95 compromisos que involucran a los poderes fácticos y
que pretenden incidir en las telecomunicaciones, la educación, la pobreza, los derechos humanos, la salud, las
comunidades indígenas, el crecimiento económico, la productividad, el crédito, los impuestos, el cambio climático, la energía, el petróleo y la minería, la transparencia, la corrupción
y la ética pública, la seguridad, la gobernabilidad democrática, los gobiernos de coalición, la ley electoral, entre
otros pendientes.
La firmeza de la línea
presidencial y la determinación política de los partidos también se perciben en
la presentación de la iniciativa de reforma educativa, uno de los compromisos
firmados y desglosados en el Pacto por México que pretende incidir en la
evaluación de los docentes, su contratación, movilidad, escalafón, comisión y
despido. Se pretende que un organismo independiente a la cúpula sindical instituya
el criterio oficial para el otorgamiento
de las plazas, establezca los
requerimientos para avanzar en el escalafón, llegar a los puestos de dirección
o ser cesado de la carrera docente, defina los nuevos estándares, el perfil docente y los méritos que habrán de
evaluarse para el establecimiento del servicio profesional docente.
El destino de los
compromisos del Pacto por México depende de la fortaleza de la figura
presidencial para exigir el cabal cumplimiento a los implicados porque éste, como
todos los pactos, se sustenta en la honorabilidad de los firmantes, en su
capacidad ética y moral para asumir un compromiso y esforzarse en lograr los
resultados esperados porque el bien común será un sueño posible o guajiro en la
medida en que los pactantes actúen con civilidad auténtica. Ese es el elemento que la ciudadanía deberá
evaluar durante todo el sexenio en ciernes.
Los rezagos ancestrales sólo podrán resolverse con la acción concertada
de todos los involucrados y éste paradigma sólo se alcanzará bajo el liderazgo
de un verdadero estadista que logre compaginar las expectativas y las buenas intenciones, que
mantenga el ímpetu de los primeros días del régimen y recupere los ideales perdidos, que renueve las
aspiraciones y reorienta los esfuerzos en torno al esquivo
bien común…
