Los capítulos perdidos del código negro

En algún lugar del protocolo oficial, en el epílogo del ceremonial, en una nota escrita con letra cursiva y diminuta, se remite a los capítulos perdidos del código negro: un ordenamiento ancestral para ejercer todo el rigor del Estado; pero esos capítulos se perdieron en la oscuridad de los tiempos y el código negro es una ley no escrita, porque no existe justificación alguna para el ejercicio abusivo y exhaustivo del poder…

La esencia de cualquier régimen emana del ejercicio del poder, como titular del monopolio de la fuerza. Así se distinguen las dictaduras y las democracias, los regímenes represores y los gobiernos incluyentes y participativos. Y la contingencia que activa los mecanismos para la aplicación de la fuerza pública surge, inexorablemente, por la crítica.

En cuanto surge la crítica que incomoda al régimen, la oligarquía recurre al código negro que establece los mecanismos y los instrumentos para disolverla o disuadirla: la disidencia usualmente, se controla mediante dos procedimientos, que si bien difieren sustancialmente entre sí, están diseñados para avasallar y domesticar la crítica que exhibe las deficiencias y excesos en la administración pública.

Uno de esos procedimientos es la cooptación: el Estado, amparado en este modelo de organización -resultado de la contaminación política de los significados históricos- ejerce sus atribuciones para crear y ocupar las vacantes que se producen en la administración pública sin la intervención de criterio externos.

La cooptación, caracterizada por la sutileza y el ingenio, logra atraer a los críticos al círculo del poder, los incluye en la nómina y el régimen los engulle. La astucia implícita en la cooptación explota las vulnerabilidades del modus vivendi de los disidentes para ofrecerles la solvencia del modus operandi dentro del gobierno. Este procedimiento se consagró en la frase del entonces presidente José López Portillo cuando se refirió a la crítica periodística diciendo: “no les pago para que me peguen”. Aunque este mecanismo ha comprobado su efectividad desde el Priato, no exclusivo de ese régimen.

Y no!... No todos los sujetos claudican mediante la cooptación. En aquellos casos excepcionales en que las convicciones y la conciencia son firmes e incorruptibles, el Estado suele ejercitar una variante, tan perjudicial y vil como la cooptación: la indiferencia, esa legendaria manifestación de la crueldad que degrada en la impunidad.

En este binomio, la cooptación ha producido impecables intelectualidades orgánicas y artistas serviles; pero la indiferencia, se ha materializado en la impunidad y el olvido oficial de la muerte y desaparición de periodistas.

Un informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) indica que México encabezó el año pasado la lista de periodistas asesinados o fallecidos por motivos relacionados con el ejercicio de su profesión, en crímenes ejecutados por bandas relacionadas al narcotráfico. México es el país más peligroso para ejercer esta profesión en América Latina y el Caribe, por delante de Colombia y Brasil.

Robert Shaw, de International Media Support (IMS) señala "una creciente cultura de la impunidad, que empeora cada día", y enfatiza que la falta de resultados en el combate a las agresiones a periodistas en México obedece a omisiones legislativas, a la inexistente voluntad política y a largos procesos judiciales que casi criminalizan a las víctimas.

El segundo procedimiento para domesticar la crítica y la disidencia es la represión, que admite un sinfín de versiones, pero el común denominador en todas las manifestaciones es el peso, - contundente, específico y coercitivo- que recae sobre los demandantes u opositores para inhibir las expresiones de inconformidad, acallar los reclamos sociales y extinguir las denuncias ciudadanas.

La represión, sea cual fuere su intensidad de la fuerza pública aplicada y la magnitud del sector controlado, es el indicativo de la tiranía por excelencia; en el planeta, ninguna de las hegemonías, de los regímenes absolutistas o totalitarios, de los imperios o dictaduras, han surgido sin el ejercicio previo de la represión.

Sí!… en la política todo es cuestión de matices, y así, el ejercicio de la represión dependerá del impacto de la denuncia. En un código negro, no escrito pero vigente, se ponderan los mensajes de la ciudadanía que disiente con el estado; algunas de esas denuncias y disidencias serán ignoradas, pero otras activarán el mecanismo represor del estado.

Lamentablemente, existen dos casos recientes que ejemplifican los grados y la intensidad de la represión: Javier Herrera Valles, ex comisionado de la Policía Federal Preventiva, y el Dr. José Manuel de Jesús Ortiz Ampudia, presidente del Consejo Médico y Ciudadano en Tijuana. Javier Herrera Valles denunció públicamente al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y actualmente se encuentra bajo arraigo acusado de recibir dinero del narcotráfico; el Dr. Ortiz Ampudia encabezó y organizó protestas contra la inseguridad para exigir que se erradique el secuestro en esta frontera, fue despedido de la clínica Issstecali que administra el gobierno estatal encabezado por el panista José Guadalupe Osuna Millán.

No!... Estos procedimientos para erradicar la crítica y la disidencia no son propiedad intelectual de su autor; podría decirse que son el legado de la clase gobernante del siglo XX, o peor aún, que ya son del dominio público. Lo preocupante es la deleznable vigencia de estos procedimientos y su evidente adaptación a la ideología de cualquier régimen, ya sea priísta, panista, perredista.

En estas circunstancias, el valor civil es una virtud amenazada en un entorno que sojuzga la crítica y que doblega a los disidentes, porque el valor civil es una amenaza para un régimen que aplica al pié de la letra… aquellos capítulos que se perdieron en la oscuridad de los tiempos y que actualiza las reglas no escritas del código negro, porque nunca habrá justificación alguna para el abuso del poder…