La impunidad como adjetivo

En algún lugar del régimen, sobre el perímetro que condensa las atribuciones del poder, existe una atmósfera repelente que excluye cualquier atisbo de la realidad; por eso, dentro de la burbuja presidencial, los motivos más contundentes en la toma de decisiones, son la comunión de intereses y el apoyo incondicional…

Los adjetivos que califican y describen a un régimen suelen asignarse en función de las acciones gubernamentales emprendidas, de sus resultados y de los ajustes y reacciones correctivas. En esa lógica, la actuación de Felipe Calderón como mandatario podría describirse como la institucionalización de un compacto círculo de amistades incondicionales, como la oficialización de la impunidad.

A cien días del Acuerdo Nacional para la Seguridad, el único resultado obvio es la desesperanza generalmente compartida: los reclamos públicos de Fernando Martí, Nelson Vargas e Isabel Miranda de Wallace, son la ínfima proporción de todos los secuestros que se cometen en el país; los tres padres de familia, como valerosos denunciantes, conforman un porcentaje microscópico de todos los ciudadanos afectados y las familias ultrajadas por el secuestro.

Existen más de mil familias en el quebranto moral por las aborrecibles consecuencias del secuestro, pero esa inmensa mayoría no dispone de los recursos para denunciar públicamente la negligencia de las autoridades. Y aún peor, los tres niveles de gobierno aluden a la denuncia ciudadana como el mecanismo para reducir la criminalidad, pero evaden la cifra negra, ese doloroso porcentaje de los casos no denunciados por la desconfianza en las corporaciones policiacas.

Entre los resultados presentados por el gobierno federal, sobresalen las detenciones de líderes de los cárteles del narcotráfico, desviando deliberadamente la atención hacia esta manifestación de la criminalidad, a la que se han adjudicado todas las culpas y el móvil de todos los delitos.

Pero el índice oficial de la eficiencia en la lucha contra la delincuencia excluye las evidencias de corrupción que involucran a los colaboradores de Felipe Calderón, amigos e incondicionales, como Juan Camilo Mouriño, el fallecido Secretario de Gobernación, y Genaro García Luna, actual Secretario de Seguridad Pública.

Fernando Martí fue contundente cuando lanzó el dilema: o cumplen o renuncian; Nelson Vargas exhibió la podredumbre en las instancias encargadas de la investigación de los delitos; Isabel Miranda de Wallace indicó que “México Unido Contra la Delincuencia” -organismo infiltrado y cooptado por el propio Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública- monopoliza la información sobre los casos de inseguridad en el país.

Las denuncias, ciudadanas y públicas, terminarán en el cajón de los olvidos, como las cartas de Javier Herrera Valles, ex comisionado de la Policía Federal Preventiva que señaló las anomalías en la Secretaría de Seguridad Pública, ahora sujeto a arraigo.

Es evidente que el criterio rector en el calderonismo es el apoyo incondicional a los incondicionales y que la impunidad es el único adjetivo para describir lo indescriptible; es obvia la existencia de esa atmósfera que repele y excluye cualquier atisbo de la realidad, porque en esa burbuja presidencial, la justicia y la paz social se postergan por la comunión de intereses y el apoyo incondicional…

.

El arco del triunfo

En algún lugar de la demagogia, cuando una crisis desata el oportunismo, por un perverso artificio, surgen placebos para aliviar el flagelo público, y entonces, los reclamos sociales se traducen en los edictos vacíos de un discurso…

Detrás de las vallas metálicas, dentro de la zona más protegida del país y bajo la custodia de cientos de elementos del Estado mayor Presidencial y de la Policía Federal Preventiva, se celebró recientemente el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

En Palacio Nacional, acondicionado como bunker, los representantes de los tres Poderes de la Unión, los 31 gobernadores, el jefe de gobierno capitalino, los sindicatos, representantes de la Iglesia, empresarios, organismos civiles y medios de comunicación firmaron un Pacto Anticrimen de 75 compromisos que tiene plazos definidos para su cumplimiento.

Respondiendo a la convocatoria de Felipe Calderón, todos los niveles de gobierno se comprometieron a responder a los reclamos de la sociedad ante la espiral de violencia, y en un acuerdo político sin precedente, por consenso absoluto definieron a la delincuencia como un asunto de seguridad nacional.

Como la mayoría de las decisiones del ejecutivo federal, esta cumbre de seguridad fue una reacción eminentemente mediática y políticamente espectacular al reclamo de la cúpula empresarial por el secuestro y asesinato del niño Fernando Martí.

Sin embargo, la agenda nacional sigue su propio curso y las fuerzas políticas ya se preparan para próxima contienda; por una fatal coincidencia, la actual crisis de inseguridad se traslapa con el inicio del proceso electoral del 2009 que renovará el Congreso y seis gubernaturas.

Por eso, los efectos inmediatos del Pacto Anticrimen han sido políticos y el problema de la inseguridad será adoptado por todos los partidos como tema prioritario en las campañas.

Vgrs. El Jefe de Gobierno Capitalino, Marcelo Ebrard Casaubon, asistió puntualmente a la cumbre de seguridad convocada por Felipe Calderón, a quien no ha reconocido como presidente legítimo; y en un magistral desplante de oportunismo, Marcelo Ebrard aceptó el ultimátum del empresario Fernando Martí, quien demandó la renuncia de los funcionarios públicos en caso de no cumplir con los compromisos asumidos en el Pacto Anticrimen.

Al día siguiente, las autoridades capitalinas comenzaron a aterrizar acciones para combatir la delincuencia, mejorar las estrategias de persecución del delito y evitar un escenario que derive en la salida del jefe de Gobierno. Y en una reunión a la que se convocó a todos los jefes delegacionales, se determinó que de inmediato habrá una revisión en la forma de operación de las 71 coordinaciones territoriales y de las casi 40 Unidades de Protección Ciudadana .

Como resultado de esta inusitada diligencia, el juez 18 de lo Penal concedió a la Procuraduría capitalina la orden de arraigo contra los hermanos Noé e Israel Cañas Oballe, dos presuntos secuestradores vinculados a la banda de La flor, responsable del secuestro y homicidio de Fernando Martí.

Vgrs. En la clausura de la XX Asamblea Nacional, en la que se reformaron los estatutos internos del Partido Revolucionario Institucional, Beatriz Paredes, su presidenta, señaló que el régimen actual ha sido incapaz de contener la ingobernabilidad y detener la espiral de la violencia y muerte en el territorio nacional y aseguró que en el PRI, sus gobernadores y presidentes municipales han actuado con responsabilidad acompañando al gobierno federal. Y en una evidente consigna electorera, la líder del tricolor mencionó que como partido buscan que el gobierno de la república responda a cabalidad con su responsabilidad constitucional de proteger a la ciudadanía.

Y así como estas arengas, desfilarán por el arco del triunfo electoral, la cadena perpetua, la pena de muerte, la depuración de las corporaciones policiacas, la revocación del mandato y todas las propuestas que surjan para desmantelar la industria de la extorsión y del secuestro… y por un perverso artificio, surgirán placebos para aliviar el flagelo público, y los reclamos sociales se traducirán en los edictos vacíos de un discurso…