La impunidad como adjetivo

En algún lugar del régimen, sobre el perímetro que condensa las atribuciones del poder, existe una atmósfera repelente que excluye cualquier atisbo de la realidad; por eso, dentro de la burbuja presidencial, los motivos más contundentes en la toma de decisiones, son la comunión de intereses y el apoyo incondicional…

Los adjetivos que califican y describen a un régimen suelen asignarse en función de las acciones gubernamentales emprendidas, de sus resultados y de los ajustes y reacciones correctivas. En esa lógica, la actuación de Felipe Calderón como mandatario podría describirse como la institucionalización de un compacto círculo de amistades incondicionales, como la oficialización de la impunidad.

A cien días del Acuerdo Nacional para la Seguridad, el único resultado obvio es la desesperanza generalmente compartida: los reclamos públicos de Fernando Martí, Nelson Vargas e Isabel Miranda de Wallace, son la ínfima proporción de todos los secuestros que se cometen en el país; los tres padres de familia, como valerosos denunciantes, conforman un porcentaje microscópico de todos los ciudadanos afectados y las familias ultrajadas por el secuestro.

Existen más de mil familias en el quebranto moral por las aborrecibles consecuencias del secuestro, pero esa inmensa mayoría no dispone de los recursos para denunciar públicamente la negligencia de las autoridades. Y aún peor, los tres niveles de gobierno aluden a la denuncia ciudadana como el mecanismo para reducir la criminalidad, pero evaden la cifra negra, ese doloroso porcentaje de los casos no denunciados por la desconfianza en las corporaciones policiacas.

Entre los resultados presentados por el gobierno federal, sobresalen las detenciones de líderes de los cárteles del narcotráfico, desviando deliberadamente la atención hacia esta manifestación de la criminalidad, a la que se han adjudicado todas las culpas y el móvil de todos los delitos.

Pero el índice oficial de la eficiencia en la lucha contra la delincuencia excluye las evidencias de corrupción que involucran a los colaboradores de Felipe Calderón, amigos e incondicionales, como Juan Camilo Mouriño, el fallecido Secretario de Gobernación, y Genaro García Luna, actual Secretario de Seguridad Pública.

Fernando Martí fue contundente cuando lanzó el dilema: o cumplen o renuncian; Nelson Vargas exhibió la podredumbre en las instancias encargadas de la investigación de los delitos; Isabel Miranda de Wallace indicó que “México Unido Contra la Delincuencia” -organismo infiltrado y cooptado por el propio Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública- monopoliza la información sobre los casos de inseguridad en el país.

Las denuncias, ciudadanas y públicas, terminarán en el cajón de los olvidos, como las cartas de Javier Herrera Valles, ex comisionado de la Policía Federal Preventiva que señaló las anomalías en la Secretaría de Seguridad Pública, ahora sujeto a arraigo.

Es evidente que el criterio rector en el calderonismo es el apoyo incondicional a los incondicionales y que la impunidad es el único adjetivo para describir lo indescriptible; es obvia la existencia de esa atmósfera que repele y excluye cualquier atisbo de la realidad, porque en esa burbuja presidencial, la justicia y la paz social se postergan por la comunión de intereses y el apoyo incondicional…

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