Oxímoron galopante

En algún lugar de la autocracia, en la biblioteca de las excepciones masivas, se exhibe, con elegante cinismo minimalista, el catálogo de las atribuciones exclusivas de la elite gobernante; encabezando una larga lista de canonjías, beneficios y prebendas, aparece la adjudicación del poder para decidir el futuro de los pueblos…

Un régimen democrático se sustenta en el ejercicio de la soberanía, que reside en el pueblo que elige de sus gobernantes. No obstante, el principio de representación popular derivó en la configuración de una clase política excluyente con atribuciones exclusivas, entre ellas, la toma de las decisiones que impactarán en el porvenir del país entero.

Desde el triunfo de la Revolución, la quintaescencia de la democracia mexicana ha sido el sufragio efectivo, el voto libre y secreto de los electores; nuestro gobierno es demócrata por el simple hecho de que los ciudadanos eligen a los mandatarios en una jornada electoral, entendida como una ocasión excepcional, porque durante el Priato, todas las reformas a la Constitución de 1917 se realizaron sin la intervención o consenso de la ciudadanía; el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato eran figuras sin substancia ni consistencia que deambulaban entre las letras muertas de leyes olvidadas.

Hoy por hoy, tras la alternancia en el poder, la participación de la ciudadanía se restringe otra vez a los márgenes ancestrales porque la nueva élite gobernante asimiló y superó los vicios del Priato. La democracia es flor de un día cuya vida inicia y termina con la jornada electoral; es por eso que la ciudadanía es la gran ausente en el debate de las reformas estructurales.

Hoy como ayer, el poder para decidir el rumbo del país está acaparado por una minoría que se ha mostrado ajena a las necesidades de la sociedad en su conjunto. El conjunto de iniciativas de la reforma energética que envió Felipe Calderón al Congreso no persiguen el bienestar de todos los mexicanos, más bien, obedecen a los requerimientos de un marco legal propicio para legitimar los contratos de servicios múltiples celebrados con empresas extranjeras desde el 2003.

Pero nada es para siempre: aquel territorio dominado por el régimen revolucionario se ha transformado en una aldea globalizada; ahora, gracias a la tecnología avanzada en la intercomunicación han surgido espacios para la expresión ciudadana con la capacidad de equilibrar los excesos de la trilogía del poder institucionalizado.

La contundencia de la opinión pública desarticuló la estrategia mediática del Ejecutivo que pretendía idiotizar a la población con el relato fantasioso del tesoro en aguas profundas y las bondades inauditas de las alianzas con capitales extranjeros. Ese desastre mediático obligó a repensar los términos de la iniciativa de la reforma energética, y una súbita recapitulación dio por resultado la posibilidad de encontrar el tesoro en aguas someras, e incluso, al ras de la tierra.

Incrustada en la tendencia calderonista, la reforma electoral del estado de Baja California es un producto derivado de la campaña mediática “100 días 100 acciones” pero que en realidad materializa las incongruencias de un oxímoron galopante: una reforma del estado sin cambios ni avances significativos, la decisión de una minoría con impacto en la vida de las mayorías, y la negociación secreta de las reformas publicitadas.

La trascendencia de las reformas estructurales exige la participación activa y responsable de la ciudadanía para terminar con las atribuciones exclusivas de la elite gobernante; mediante el ejercicio de los derechos que yacen en el olvido jurídico se equilibrará la balanza del poder; sólo así, se acotará el ámbito excluyente de esa minoría que se adjudicó el poder de decidir el futuro de los pueblos…