Norma mexicana

En algún lugar impecable, en la gerencia internacional de la excelencia se instituyen las normas y los parámetros de la perfección con que habrán de calificarse todos los perfiles del profesionalismo…

La aplicación de normas y reglamentos para el registro, acreditación y certificación se extiende a la mayoría de las actividades profesionales y productivas; hoy por hoy, la inmensa mayoría de egresados de programas académicos deben someterse a una evaluación de los cuerpos colegiados, y en el ejercicio de la profesión asumen el compromiso de actualizarse constantemente y someterse continuamente a los criterios de evaluación, perfiles e indicadores del desempeño profesional.

La aspiración a la excelencia se materializa, se cuantifica y se generaliza: la Organización Internacional de Estandarización instituyó la norma ISO 9001, un parámetro internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad que se centra en todos los elementos de administración de calidad.

Y así, la producción de bienes y la prestación de servicios se someten a los perfiles de la eficiencia estipulados en la cumbre del planeta, lejos de la corrupción, el abuso y la impunidad, donde la perfección es posible. Bajo ese criterio y desde la perspectiva distorsionada de la doble moral, el gobierno estadounidense certifica el desempeño de las instituciones mexicanas en la lucha contra la delincuencia organizada. Desde la cúspide del prisma económico, donde la pobreza es tan sólo un porcentaje incómodo, se certifican los grados de inversión de economías nacionales.

La tendencia se agudiza y el criterio suele aplicarse a todas las actividades susceptibles de cuantificarse, desde la enseñanza hasta la medicina, de las comunicaciones a la ingeniería; abundan los indicadores y los perfiles para cada área del quehacer humano: el índice de empleo, el porcentaje de denuncias atendidas, el número de reclamos resueltos. Quien no aprueba la evaluación colegiada sufre un demérito en el ejercicio de su oficio o profesión.

Ahora, la perspectiva inmaculada de la eficiencia se aplica a las políticas públicas donde predomina un denso oscurantismo. Felipe Calderón afirmó que la clave para ganar la batalla contra el crimen organizado está en la reconstrucción institucional de policías, Ministerios Públicos y jueces quienes para certificarse deberán someterse a los parámetros de control de confianza. Según el mandatario, por arte de magia, al certificar a los encargados de la seguridad y la procuración de justicia se desarticulará el vetusto mecanismo del crimen.

Sí!... Calderón padece una simplicidad superlativa que impide su acreditación como estadista, porque si la seguridad nacional dependiese del cumplimiento de los parámetros de una certificación, esa misma norma podría extenderse a todas las áreas de la administración pública. Y entonces, en un optimismo exacerbado, se evaluaría el desempeño profesional del legislativo y del ejecutivo aplicando la norma de los Mexicanos Encandilados y Soñadores (léase MENSO 2011), y es muy probable que el índice de funcionarios certificados sea mínimo: cuántos diputados y senadores realizan eficientemente sus funciones? Cuántos secretarios anteponen las necesidades sociales a sus interés particulares? Con qué perfil se evaluará el desempeño de un presidente? Y en ese caso, quien sería el valedor que exhibiría la impericia, ignorancia e ineficiencia (las 3 íes) de la clase gobernante?

Definitivamente, la administración pública no es una entidad certificable, porque aún persisten los vicios y truculencias del factor imponderable del poder, esa condición que elude todas normas y los parámetros de la perfección que califican todos los perfiles del profesionalismo…